Amnistía general y cierre del Helicoide: una promesa de paz en una Venezuela en transición

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía que cubriría el período 1999–presente y la reconversión del Helicoide, en medio de excarcelaciones, presiones internacionales y una sociedad que exige restitución de derechos, no clemencia.

Un anuncio que sacude el tablero político

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una Ley de Amnistía General que, de aprobarse, abarcaría todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fue transmitido por la televisión estatal.

La iniciativa llega semanas después de una incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, y tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el cierre de centros de detención señalados por violaciones de derechos humanos en Caracas. En ese contexto, Rodríguez afirmó que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con carácter de urgencia.

“Reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, dijo Rodríguez al justificar la medida. A la par, pidió a los beneficiarios que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

Qué incluye —y qué excluye— la amnistía

Según lo informado por la propia mandataria, la ley excluirá a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, por existir impedimentos constitucionales. Sin embargo, el texto completo aún no ha sido divulgado, lo que mantiene incertidumbre sobre los criterios específicos para definir quiénes serán beneficiados.

La amnistía se inscribe en un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, que ha avanzado de forma lenta y poco transparente, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Las cifras: liberaciones, detenidos y restricciones

De acuerdo con Foro Penal, ONG especializada en la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas, 302 personas han sido liberadas desde el inicio del nuevo ciclo. No obstante, la organización sostiene que aún permanecen 711 personas detenidas por motivos políticos, y denuncia que más de 11.000 siguen bajo restricciones arbitrarias de su libertad (regímenes de presentación, prohibiciones de declarar a la prensa o exilio forzado).

La disparidad de cifras ha sido una constante. Mientras autoridades han hablado de más de 600 excarcelaciones, Foro Penal insiste en que solo 302 han podido ser verificadas. Parte de la diferencia, explica la ONG, se debe a casos no denunciados previamente por temor.

En paralelo, la embajada de Estados Unidos informó que todos los ciudadanos estadounidenses de los que se tenía conocimiento y que estaban detenidos en Venezuela ya fueron liberados.

El Helicoide: del símbolo del miedo a la promesa de reconversión

Junto con la amnistía, Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y uno de los centros de detención más temidos del país. Organizaciones de derechos humanos y testimonios de sobrevivientes han documentado allí hacinamiento, insalubridad, extorsiones y torturas.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide (…) se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas”, afirmó Rodríguez. La reconversión se enmarca en un programa social denominado “Guardianes de la Patria”, orientado a funcionarios policiales.

Para muchas víctimas, el anuncio tiene un peso simbólico enorme; para otras, no basta con cambiar el uso del edificio sin verdad, justicia y garantías de no repetición.

La reacción de las ONG: amnistía no es perdón

La iniciativa fue recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos. Provea subrayó que “la amnistía no debe ser concebida como un perdón o medida de gracia”, recordando que las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos protegidos por instrumentos internacionales y la legislación venezolana.

En la misma línea, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señaló que la amnistía “no implica aceptar responsabilidad en ningún ilícito”, mientras Alfredo Romero, director de la organización, sostuvo que una amnistía es bienvenida siempre que incluya a toda la sociedad civil sin discriminación, no se convierta en impunidad y contribuya a desmantelar el aparato represivo.

La oposición y la presión internacional

Desde la oposición, María Corina Machado afirmó que la propuesta es “producto de la presión real” de Estados Unidos y expresó su esperanza de que se concrete la liberación de más de 700 personas que, según sus palabras, permanecen en centros de tortura.

Machado fue más allá y cuestionó la capacidad de liderazgo de Rodríguez para una transición política: “Delcy Rodríguez es incapaz de generar confianza o estabilidad”, sostuvo durante una charla pública en Cartagena de Indias.

Por su parte, Donald Trump celebró el 10 de enero el inicio del proceso de liberaciones en un mensaje publicado en Truth Social: “Venezuela ha comenzado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos”. La lectura internacional es clara: la amnistía se mueve en un tablero de poder donde la presión externa es un factor determinante.

Antecedentes: amnistías que no cerraron heridas

Venezuela tiene una historia irregular con las amnistías. En 2007, Hugo Chávez promulgó una ley para personas vinculadas al golpe de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó otra, que fue declarada inconstitucional por el TSJ. En 2020, Nicolás Maduro decretó 110 indultos antes de las elecciones legislativas, mientras el Gobierno negaba la existencia de presos políticos, calificando los casos como delitos vinculados al terrorismo.

Estos antecedentes alimentan la desconfianza: las amnistías no han sido políticas de Estado sostenidas, sino herramientas coyunturales.

El trámite que viene y las preguntas abiertas

La Comisión para la Revolución Judicial —creada en 2021— fue encargada de elaborar con urgencia el proyecto que deberá discutir la Asamblea Nacional. El proceso legislativo será observado de cerca por organizaciones nacionales e internacionales, que exigen transparencia, listas verificables y libertad plena para los excarcelados.

Persisten preguntas clave:

• ¿Quiénes serán exactamente los beneficiarios?
• ¿Habrá garantías de no repetición?
• ¿La reconversión del Helicoide vendrá acompañada de investigaciones y reparación?
• ¿La amnistía restituirá derechos o administrará una salida política?

Cierre editorial | Los Bonobos

La amnistía y el cierre del Helicoide son anuncios de alto voltaje simbólico en un país agotado por la confrontación. Pero la paz no se decreta: se construye con verdad, justicia y derechos restituidos. Sin transparencia, sin listas claras, sin libertad plena, la amnistía corre el riesgo de ser un gesto más en un tablero de poder.

Venezuela necesita menos relatos y más garantías. Menos clemencia y más derechos. La historia reciente enseña que reconciliar no es olvidar, y que cerrar cárceles simbólicas no basta si la impunidad sigue abierta. El país observa. El mundo también. Y el tiempo, ese juez implacable, ya empezó a contar.