Cómo el chavismo robó el petróleo a los venezolanos
Estados Unidos sí está interesado en el petróleo venezolano, pero el verdadero saqueo del recurso ocurrió durante más de dos décadas de chavismo, cuando PDVSA se convirtió en una caja política para financiar aliados ideológicos, campañas en otros países y redes de corrupción mientras se destruía la economía interna. El objetivo de este texto es mostrar cómo se dio ese saqueo y por qué hoy es una urgencia moral y económica recuperar la renta petrolera para la gente.
El uso político de PDVSA como botín
Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, PDVSA dejó de ser una empresa petrolera profesional y pasó a ser un brazo político y financiero del proyecto chavista en la región. Investigaciones han documentado cómo, a través de acuerdos como Petrocaribe y fideicomisos opacos con países aliados, se enviaron miles de millones de dólares en petróleo y dinero sin controles ni transparencia, beneficiando a gobiernos amigos y a redes de corrupción antes que al pueblo venezolano.
Ese uso político también alcanzó a campañas y movimientos extranjeros: desde el respaldo financiero al sandinismo de Daniel Ortega hasta acuerdos con los Kirchner en Argentina y apoyos a figuras como Evo Morales, PDVSA se utilizó para comprar lealtades y sostener proyectos ideológicos fuera de Venezuela. Mientras tanto, la compañía que llegó a producir alrededor de 3,5 millones de barriles diarios en los años noventa se desplomó a niveles que en algunos momentos no superaban los 500.000 barriles, reflejando el deterioro técnico, la fuga de talento y la corrupción interna.
Un colapso económico sin precedentes
Bajo el chavismo, y especialmente durante los años de Maduro, Venezuela sufrió una de las peores caídas económicas en tiempos de paz. Entre 2013 y 2019, el PIB real se contrajo más de 70 %, y análisis posteriores estiman que la economía llegó a reducirse más de 80 % respecto a sus niveles previos, una magnitud comparable a la devastación de una guerra prolongada. Esa implosión no fue un accidente: fue la consecuencia directa de usar la renta petrolera como botín político y no como base para un desarrollo sostenible.
En términos de riqueza por persona, el PIB per cápita venezolano en 2024 volvió prácticamente al mismo nivel que en 1999, cuando Chávez llegó al poder, lo que implica que, después de más de dos décadas de “revolución”, el país retrocedió una generación entera en bienestar económico. Desde que Maduro asumió la presidencia, el PIB per cápita cayó aproximadamente de 8.692 dólares a unos 3.867 dólares, una pérdida cercana a 5.000 dólares por habitante. Esa caída empujó a millones a la pobreza, a la informalidad y, finalmente, al éxodo masivo.
Del petróleo como palanca de desarrollo al petróleo como herramienta de poder
En lugar de usar el petróleo como motor de desarrollo interno —inversión en infraestructura, educación, salud, diversificación productiva—, el chavismo lo convirtió en un instrumento geopolítico y de dominación interna. Hacia afuera, el crudo y el crédito petrolero se emplearon para tejer una red de aliados políticos dependientes del financiamiento venezolano. Hacia adentro, la renta petrolera se utilizó para sostener clientelismo, subsidios opacos y estructuras de control social.
Mientras se expandía el uso político de la renta, se desinvertía en refinerías, mantenimiento y capital humano, llevando a PDVSA al borde del colapso operativo. Aunque en 2024–2025 se registró un modesto repunte de producción, con la cifra acercándose al millón de barriles diarios y un promedio cercano a 921.000 barriles en 2024, esto sigue estando muy por debajo de la capacidad histórica y solo pone en evidencia cuánto se perdió. El país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo opera hoy a niveles “exiguos” de producción, atrapado entre sanciones, mala gestión y destrucción institucional.
El Arco Minero: devastación ambiental y humana
Lo que ocurrió con el petróleo se repitió, de forma más brutal, con el Arco Minero del Orinoco. Bajo la figura del “Arco Minero”, el Estado abrió a gran escala una zona de más de 100.000 kilómetros cuadrados en el sur del país a una explotación minera descontrolada, con presencia de grupos armados, mafias y actores irregulares. Lejos de ser un proyecto de desarrollo, se convirtió en un laboratorio de violencia y destrucción.
Organizaciones especializadas han descrito esta política como un “ecocidio” y la peor catástrofe ambiental del continente: destrucción de selva tropical, contaminación de ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas, fragmentación de ecosistemas, expansión de enfermedades como el paludismo, prostitución y violencia contra comunidades indígenas. Pese a ese costo ambiental y humano gigantesco, las ganancias no se tradujeron en bienestar para la población, sino que alimentaron redes criminales y estructuras de poder ligadas al régimen, repitiendo el patrón del petróleo: recursos naturales convertidos en botín, no en desarrollo.
Interés petrolero externo vs. Estado fallido interno
Cuando se acusa a Estados Unidos de “solo querer el petróleo venezolano”, se omite un punto clave: el interés económico externo siempre existe, pero lo que definió el desastre venezolano no fue ese interés, sino la forma en que el chavismo administró —o saqueó— los recursos. Tras años de destrucción, Venezuela acumula decenas de miles de millones de dólares en deuda en default, con bonos impagos y litigios internacionales que comprometen activos estratégicos como Citgo, la filial refinadora en Estados Unidos.
En este contexto, hablar de “rescatar el aparato productivo” mediante inversiones, acuerdos de explotación conjunta o modelos “fifty–fifty” no es una discusión abstracta, sino una necesidad práctica si se quiere reconstruir una economía colapsada. La cuestión de fondo no es si habrá actores externos interesados en el petróleo —eso es un hecho—, sino si Venezuela seguirá operando como un Estado fallido, donde la renta se usa para sostener una narco–tiranía, o si empezará a reconstruirse un marco institucional que permita que esa riqueza llegue, por primera vez en mucho tiempo, al ciudadano común.
Del botín de élites a la oportunidad de reconstrucción
Después de décadas en las que el petróleo dejó de ser verdaderamente venezolano y fue secuestrado por una élite política y militar, recuperar esos recursos para levantar un país devastado ya no es un eslogan, sino una urgencia moral y económica. Si algo demuestran los datos es que quienes se llenaron la boca hablando de “soberanía petrolera” fueron los mismos que llevaron el PIB per cápita a niveles de hace 25 años, devastaron el ambiente y obligaron a millones a irse del país, mientras el botín del petróleo y del oro quedaba en pocas manos.
El desafío ahora es pasar de un modelo donde el petróleo y el oro son botín de una minoría a uno en el que se conviertan en palancas para reconstruir instituciones, infraestructura y tejido social. No se trata de idealizar a ningún actor externo, sino de entender que, sin un cambio profundo en cómo se gestionan los recursos, cualquier riqueza natural seguirá siendo una maldición repetida en lugar de la base de un futuro digno para los venezolanos.
